Alarma en la Seguridad Social
El Gobierno español logró la semana pasada que la Comisión Europea ampliara el plazo para la consecución del objetivo de déficit del 3% sobre el PIB en dos años más; es decir, hasta 2016.
Para este año, Bruselas ha sido incluso más generosa de lo esperado, colocando el listón en el 6,5%. Luego explicaremos el porqué. Eso significa que el esfuerzo en reducción de los desequilibrios presupuestarios durante este año será de un modesto medio punto sobre el PIB respecto a lo conseguido en 2012.
Para el año próximo, la CE prevé para España un déficit del 5,8%, lo que corrobora que el cambio de rumbo en Europa se concreta en ser menos exigente con los estados a la hora de reclamarles que ajusten sus gastos a sus ingresos.
No olvidemos que la prioridad de Rajoy cuando llegó al Gobierno era la lucha contra el déficit. De hecho, en plena recesión España logró en 2012 recortarlo en algo más de dos puntos de PIB.
Ahora el mensaje es distinto: lo prioritario es la lucha contra el desempleo. Como si ambos objetivos no estuvieran ligados íntimamente.
Bajar el pie del acelerador en el recorte del gasto hace más fácil la gestión de los gobiernos, les crea menos problemas, pero ayuda poco en la consecución del nuevo objetivo prioritario: generar empleo.
En un país como España, con una Administración mucho más pesada y compleja que la del resto de los países de la UE, bajar la presión sobre el déficit significa de manera inmediata el incumplimiento de los objetivos.
Lo que está ocurriendo con las comunidades autónomas es un claro ejemplo. Se ha subido el margen para este año del 0,7% al 1,2% de déficit. Pero como Bruselas ha ampliado el plazo para cumplir el objetivo, las autonomías hacen una cuenta imposible para poder gastar más: argumentan que como el recorte se va a reducir en 18.000 millones (en realidad, 20.000 si sumamos las dos décimas de regalo anunciadas por Olli Rehn), ahora ese dinero hay que repartirlo. Pero, ¿qué dinero? Si lo que hay es déficit. Por si alguien aún no se ha enterado, España sigue teniendo que aumentar la emisión de deuda para financiar sus desequilibrios. Poco a poco vamos perdiendo nuestra ventaja comparativa respecto a otros países de la UE en lo que respecta al peso de la deuda sobre el PIB y ya nos acercamos al 100%. En realidad, ya hemos superado ese porcentaje. Si consideramos los pasivos en circulación del sector público, la deuda ya en el cuarto trimestre de 2012 superaba el 112% del PIB. Lo más seguro es que este año se supere de largo el 120% del PIB.
Como el peso de la deuda aumenta, sube el monto del presupuesto que hay que destinar a pagar en intereses. Como el desempleo no baja, sigue aumentando el dinero que hay que emplear en pagar el subsidio. Y como, al mismo tiempo, sube el número de pensionistas, hay que aplicar más fondos al abono de las jubilaciones.
Ésa es la situación real. Si el Gobierno se conforma con el cumplimiento de objetivos más cómodos de déficit, si no es más ambicioso en la lucha para reducir el gasto, la recuperación económica se alejará en el tiempo. Ahora decir esto suena políticamente incorrecto, pero era el catecismo de Rajoy hace tan sólo unos meses.
Como puso de manifiesto la previsión de la OCDE, España va a mantener estable el déficit por encima del 6% este año y el próximo, pero, al mismo tiempo, no reducirá el paro, sino que su tasa alcanzará un dramático 28% en 2014, lo que significa en torno a 6,5 millones de desempleados.
Es verdad que hace un año España se debatía para evitar la intervención y que se llevó a cabo una profunda reestructuración financiera que ha salvado al sector; eso sí, a cambio de unas aportaciones públicas de más de 55.000 millones de euros. Pero, incluso en ese contexto, el esfuerzo realizado por el Gobierno supuso el mayor recorte de gasto de la democracia.
Bajar la presión en la lucha contra el déficit es lo peor que podemos hacer en estos momentos. Porque hay partidas de gasto muy importantes que, pase lo que pase, van a seguir subiendo. Fundamentalmente, los gastos financieros y las pensiones. Esto último coloca a la Seguridad Social en una situación muy comprometida. Para este año, el Presupuesto preveía un déficit del 1,4% del PIB, pero las últimas estimaciones apuntan a una horquilla entre el 1,7% y el 1,8%. Es ésa la razón que ha llevado a Bruselas a regalarnos otras dos décimas de PIB: el convencimiento de que era imposible llegar al 6,3% por el desbocado déficit de la Seguridad Social.
Un déficit del 1,8% en la Seguridad Social significa una cantidad de 18.000 millones de euros, lo que en términos absolutos es la cifra más alta registrada nunca en España. Y, en términos relativos, la más alta desde el año 1996.
Ese dato ha encendido todas las alarmas y Bruselas ha pedido medidas rápidas. El Gobierno tendrá que aplicar las recomendaciones de la comisión de expertos (adelantadas por EL MUNDO) al año 2014. Y es incluso probable que, como pide el Banco de España, tenga que adelantarse el retraso en la edad de jubilación.
Por tanto, este año el susto económico se llama Seguridad Social. Como no se espera que la partida destinada al desempleo baje y es improbable que las comunidades autónomas se ciñan estrictamente al 1,2%, el único margen que tiene el Gobierno es continuar con los recortes del Estado.
El propio Boletín del Banco de España, hecho público el viernes, apelaba a «culminar el proceso de consolidación fiscal». Pedía «una revisión en profundidad de la dimensión del sector público y del sistema impositivo».
Rajoy tendrá que ser más ambicioso en el recorte del déficit porque, como se ve, endulzar los objetivos no garantiza la reducción del paro. La suave melodía de los pactos con el PSOE no le tiene que hacer olvidar que un país no puede vivir mucho tiempo con más de seis millones de parados.